William Gómez García, periodista del estado Anzoátegui y articulista del Correo del Alba
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La figura de la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha tomado un giro oscuro y complejo, al jugar a la complicidad con el presidente Donald Trump en un escenario donde el escándalo de Jeffrey Epstein se entrelaza con la narrativa política estadounidense. En un contexto donde las evidencias de una trama de pedofilia salpican a personalidades influyentes, entre ellos al mandatario gringo, Bondi parece más interesada en proteger a Trump que en buscar la verdad. Esta situación, que debería ser objeto de una investigación exhaustiva y sin sesgos, se transforma en un espectáculo nauseabundo de manipulación y encubrimiento.
Desde principios de este año, 2025, Bondi ha argumentado que Trump, quien alguna vez fue amigo cercano de Epstein, estuvo involucrado en los archivos relacionados con las atrocidades cometidas por el financiero caído en desgracia. En una comparecencia en la Casa Blanca en febrero, distribuyó carpetas que incluían números de teléfono de la ex esposa del presidente y de su hija, una acción que desata interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. ¿Acaso busca distraer la atención de la opinión pública hacia otros asuntos, desviando la mirada de la sombra que acecha a Trump y su gobierno?
Mientras crece la presión sobre Trump, el presidente enfrenta 34 cargos penales que, si bien no están directamente relacionados con Epstein, ponen en entredicho su integridad y su relación con el crimen organizado. En un intento por desviar la atención y crear una narrativa más cómoda, Bondi ha arremetido contra Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al calificarlo como el jefe del Cartel de los Soles. Tal acusación, lejos de ser un acto de justicia, parece ser parte de un libreto previamente establecido por la maquinaria política del Imperio gringo, con personajes como Marco Rubio en el centro de esta trampa, buscando justificar una intervención militar en Venezuela.
Esta narrativa simplista y manipuladora ignora las realidades complejas que rodean la política venezolana y el contexto geopolítico. Es evidente que la administración Trump busca desestabilizar a un país que, a pesar de las dificultades, sigue siendo un bastión de resistencia frente a la hegemonía estadounidense en la región. La acusación de que Maduro dirige el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles es solo otra pieza en el tablero del ajedrez geopolítico, donde el sufrimiento de millones de venezolanos es utilizado como una excusa para consolidar el poder de una élite ultra derechista,ansiosa por controlar los recursos de la nación.
En este contexto, la ONG InSight Crime ha revelado que miembros del Departamento de Defensa de Estados Unidos han estado involucrados en la difusión de noticias falsas sobre el Cartel de los Soles, evidenciando cómo la manipulación de la información se convierte en una herramienta letal en manos de aquellos que buscan deslegitimar a gobiernos adversarios. Esta realidad no solo pone en duda la credibilidad de la información difundida por el gobierno estadounidense, sino que también revela la falta de ética y profesionalismo de aquellos que operan bajo el ala del Departamento de Estado. La destitución de dos funcionarios que desacreditaron las afirmaciones sobre Maduro y el Tren de Aragua demuestra que dentro del propio gobierno existen discrepancias y dudas sobre la validez de estas acusaciones.
Ante esta preocupante situación, queda claro que la construcción de una narrativa llena de falsedades que vincula a Maduro con prácticas delictivas es un esfuerzo deliberado y estratégico para ocultar los propios delitos del gobierno de Trump. La incautación de propiedades por valor de 700 millones de dólares, justificada por acusación infundada, pone en evidencia que el gobierno estadounidense opera como una organización terrorista, utilizando tácticas de desinformación y coacción para lograr sus objetivos político-económicos.
Legalmente, la actuación de Pamela Bondi puede calificarse como una simulación de hechos punibles. Aunque en Estados Unidos no existe un delito específico llamado "simulación de delitos", sus acciones pueden ser consideradas como obstrucción de la justicia o fraude. La creación de pruebas fraudulentas, la denuncia falsa de delitos y el intento de incriminar a inocentes son actos que podrían acarrear consecuencias severas, incluyendo perjurio y otros cargos criminales. Bondi, al ignorar la verdad y manipular datos para apoyar una narrativa que sirve a intereses políticos, está erosionando la confianza en la administración de justicia y contribuyendo a un clima de impunidad.
Dada esta situación, Venezuela tiene el derecho y la obligación de denunciar ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la conducta de Pamela Bondi, acusándola de delincuencia transnacional y su papel en actividades criminales que dañan a la nación venezolana. Las aptitudes de Bondi, actuando bajo un esquema que promueve la desestabilización y la violencia, representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y el desarrollo económico de Venezuela. Su conducta socava la gobernanza y perpetúa la violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, que ya enfrenta una crisis humanitaria exacerbada por sanciones y agresiones externas.
En conclusión, el juego peligroso de complicidad y encubrimiento que desempeña la Fiscal General Pamela Bondi es un recordatorio escalofriante de cómo las instituciones pueden ser utilizadas para sanciones políticas oscuras. Al disparar acusación infundadas contra líderes extranjeros y manipular el discurso público, Bondi y la administración Trump demuestran que están dispuestos a sacrificar la verdad en su búsqueda de poder, justicia o lo que ellos consideran "intereses nacionales". Venezuela, sociedad resiliente y combativa, debe levantarse contra esta narrativa abusiva y exigir justicia, tanto a nivel internacional como interno, denunciando las artimañas y la corrupción que amenazan su soberanía y dignidad.
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