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Corte Constitucional falla a favor del pueblo barí Ecopetrol debe suspender exploración en territorio indígena


Las manifestaciones, los viajes a Bogotá, el recorrido por las calles de Tibú, las ofrendas a los bohíos de los ancestros y el canto de los ancianos, fueron algunas de las acciones adelantadas por los Motilón Barí en la lucha para que Ecopetrol abandonara su territorio. Ahora, esta comunidad cuenta con una nueva herramienta; se trata del fallo de la Corte Constitucional que ordena a la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) suspender exploraciones en territorio indígena.

El Diario La República, recoge hoy en sus páginas apartes del fallo de la corte que concede la razón a las demandas del pueblo indígena ordenándole a Ecopetrol suspender la exploración de hidrocarburos en la vereda El Progreso, municipio de la Gabarra (Norte de Santander), en donde está ubicado el territorio Barí. Del mismo modo, le exige al Ministerio de Defensa adelantar los controles y apoyo necesario con el fin de que la suspensión inmediata de las actividades relacionadas con la exploración del Pozo Álamo 1, se cumplan efectivamente".

Según el fallo, "se observa entonces no sólo la vulneración del derecho fundamental del Pueblo Indígena Motilón Barí a la consulta previa, sino además la profunda lesión infringida a la confianza legítima que las autoridades tradicionales depositan en las autoridades públicas".

Asegura la alta corte que las autoridades desconocieron "el deber de ceñirse a los postulados de la buena fe, de respetar los derechos ajenos, de no abusar de las prerrogativas, de defender y difundir los derechos humanos, de propender por el mantenimiento de la paz y de proteger los recursos naturales del país".

Aunque para los indígenas de Colombia y el mundo ésta es una buena noticia, los abogados que instauraron la Acción de Tutela contra la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL- y los ministerios del Interior y Justicia, Vivienda y Desarrollo Territorial, y de Defensa, el pasado 20 de octubre del 2005, consideraron lamentable que haya tenido que pasar más de un año para que se reconociera que los derechos fundamentales de los indígenas estaban siendo vulnerados por la ejecución del proyecto de explotación y exploración petrolera Álamo I en su territorio ancestral, y el cual "atenta contra su pervivencia como pueblo".

Así lo manifestó a Actualidad Étnica Melisa Ballesteros, del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. “El fallo es positivo, pero es increíble que en su momento no se haya escuchado el justo reclamo de los Barí. Que pese a todas las demostraciones de que este proyecto violaba sus derechos colectivos, no se haya hecho nada por impedirlo”.

Por otro lado, se han denunciado inconsistencias en el otorgamiento de la licencia ambiental que el Ministerio del Medio Ambiente concedió a Ecopetrol para el Proyecto de exploración Álamo 1, en el sentido de que nunca se adelantó una verificación en terreno para determinar la presencia indígena en el área; y pese a los múltiples llamados de la comunidad, la iniciativa de la Estatal petrolera no se detuvo. Por el contrario, durante más de un año los Barí vieron vulnerados sus derechos como individuos y como pueblo.

"El Ministerio del Interior otorgó la licencia ambiental a Ecopetrol, aunque no existía un estudio serio sobre los impactos ambientales sobre el territorio y la comunidad", afirmó Balleneros", del Colectivo de Abogados, quien sostuvo que mientras la Corte se pronunciaba el Ministerio del Medio Ambiente tenía toda la facultad para suspender el proyecto.

Según señala, adicionalmente nunca se llegó a realizar una verificación en terreno sobre la situación. En más de una oportunidad los indígenas solicitaron que una comisión integrada por la Defensoría, la Procuraduría, la Dirección de Etnias, el Ministerio del Medio Ambiente y los Barí, se desplazara a la zona para comprobar que efectivamente había presencia indígena y lugares sagrados en el área de exploración petrolera, y que la comunidad había sido militarizada para brindar protección a Ecopetrol, afectando la libre movilización de los indígenas dentro de su territorio.

Melisa Ballesteros cuestionó las razones esgrimidas por el Ministerio del Medio Ambiente y las demás entidades gubernamentales para aplazar permanentemente la visita al resguardo Barí. “Según el Ministerio del Medio Ambiente, el seguimiento a la licencia ambiental y la verificación en terreno nunca se pudo hacer por la situación de orden público. Entonces, ¿cómo es posible que para conceder la licencia ambiental estas razones seguridad desaparecieron?”.

A todas luces, la sentencia de la Corte Constitucional es un triunfo no sólo para los Barí sino para todos los pueblos indígenas de Colombia, porque sienta jurisprudencia sobre la prevalencia del derecho de la integridad cultural sobre los derechos de explotación del Estado del suelo y el subsuelo. Según Ballesteros el fallo deja un precedente para futuras intenciones de Ecopetrol de explorar en territorio Motilón. “Éste no sólo es un precedente para Ecopetrol, sino también para la Dirección de Etnias del Ministerio de Interior y de Justicia en las certificaciones sobre la presencia de indígenas en los territorios en donde se piense adelantar proyectos de este tipo, y para el Ministerio del Medio Ambiente al otorgar las licencias ambientales a proyectos en los que se involucre a grupos étnicos”.

Si bien se trata de un primer paso en el reconocimiento a los derechos de estos indígenas, los Barí deben defender su territorio de otros proyectos que se están adelantando en su territorio. Según el Colectivo de Abogados, la Compañía Geofísica Latinoamericana, CGL, adelanta una exploración sísmica en territorio Barí. Y a pesar de que ellos sostienen que el proyecto se desarrolla por fuera del resguardo indígena y de los parques nacionales ubicados al norte del municipio de la Gabarra, Norte de Santander, lo cierto es que los indígenas han sacado debajo su tierra cables dispuestos para tal fin, exponiendo su vida al manipular estos elementos. Según la fuente citada, "aún el territorio está militarizado. Alrededor de mil soldados custodian las instalaciones de Ecopetrol, limitando el derecho a la libre movilización de los indígenas Barí".

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