PRONUNCIAMIENTO
Nosotros y Nosotras, integrantes de las asociaciones comunitarias profesionales y gremiales que se mencionan continuación: Plataforma de Periodistas, Colectivo Radio Petare ( CRP) 91.5 FM Radio Petare, Radio Comunitaria San Bernardino (Rancosaber) 88.5 FM, Radio La Piedrita 95.1 FM, Consejo Nacional de Comunicadores Socialistas, Twiteros Independientes Revolucionarios, Movimiento de Periodismo Necesario, Grupo Combate, Fundación Grupo Madera, Comunicalle, Representantes del Bloque Infantil y Juvenil del Consejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, UBCH República de Bolivia La Pastora, Defensores de la Constitución (Codecon), Colectivo Trenzas Insurgentes, Portal Globoterror, Colectivos de comunicadores Bolivarianos por la Transformación del Estado al Socialismo, Consejo Político Nacional de la Comunicación Popular de Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Brigadas de Agitación Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela/Región Central, procedemos a manifestarnos públicamente a los efectos de contrarrestar y denunciar la violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la paz del pueblo venezolano que se evidencia en el Comunicado suscrito por Antonio Ledezma, Maria Machado y Leopoldo López denominado "Acuerdo Nacional para la Transición" y al respecto declaramos que: El presente documento viola lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los siguientes aspectos: ASPECTOS JURÍDICOS. Cuando el comunicado expresa: “Pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición.” Esta transición, en los actuales momentos políticos y atendiendo a los tiempos constitucionales, no puede realizarse sin una ruptura violenta del orden democrático, tal como ocurrió el 11 de abril del año 2002, cuando bajo argumentos similares a los expuestos en el “comunicado” en comento, se rompió el hilo constitucional para instaurar una dictadura de “transición” que cambió la configuración de todas las ramas del Poder Público y desató, como era de esperarse, la violación de los derechos humanos de la población civil en general. Desde una perspectiva general, el término de transición hace referencia a un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva a la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones asociadas a éste, por otros diferentes. En el caso actual de Venezuela para que se produzca tal transición, debe promoverse indefectiblemente una ruptura del orden Constitucional, ya que nuestra Constitución establece los momentos y los mecanismos con los cuales se pueden realizar los cambios que la propia Carta Magna prevé Cuando el comunicado expresa que “Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes”¿Por qué se realizarán elecciones presidenciales, si ya tenemos un Presidente elegido legítimamente para cumplir sus funciones hasta 2019? ¿Qué ocurrirá con Nicolás Maduro? ¿Será arrestado, obligado a renunciar por coacción, enviado al exilio o asesinado? ¿Es o no es una referencia velada a un golpe de Estado? ¿Qué pasará con los millones que votaron por él y lo apoyan? Cuando el comunicado señala que “Un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos…” “…una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión…” “…redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual…”; A nuestro juicio, en ese comunicado se materializa un concurso de delitos, ya que no sólo se instiga al alzamiento y a la ruptura del hilo constitucional; además se realizan señalamientos graves que ofenden y someten al escarnio público al Presidente de la República; como jefe de Estado y de Gobierno; así como también a la dirigencia en pleno del gobierno e incluso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Afirmaciones éstas sumamente delicadas e infundadas, ya que sólo persiguen desacreditar las instituciones del Estado para incentivar el irrespeto a ellas y generar un clima insurreccional. Por otra parte, al ser señalados, los responsables del “comunicado” como participantes del golpe de Estado frustrado, se podría demostrar su vinculación con un gobierno extranjero hostil que ha buscado conspirar contra la seguridad del territorio y sus instituciones, en un claro acto de traición a la patria. Delitos estos previstos en el artículo 132 del Código Penal venezolano y que debería ser castigado con presidio de 8 a 16 años pues todo aquel venezolano que conspire para destruir la forme republicana que se ha dado la Nación sea dentro o fuera del país es un traidor a la patria.ASPECTO ECONÓMICO El comunicado señala que “Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo” Esto significa contrariar el artículo 299 de la Constitución que establece que "el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta". Significa además el retorno de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, que no sólo hacen préstamos sino que condicionan al país a ejecutar políticas neoliberales, como privatizaciones, despido masivo de empleados públicos y reducción o fin de programas de asistencia al pueblo (pensiones, etc.) con el fin de “garantizar” que los préstamos se cancelen en el plazo prometido. “Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro” Esto equivale a la eliminación de la regulación de precios en productos de la cesta básica, servicios como el transporte público, baremos de las clínicas y similares. Eliminación de controles tales como la Ley de Precios Justos, el control de cambios que permite adquirir alimentos y medicinas fundamentales para venderlas a precios asequibles. Prioridad en atraer inversionistas antes que en proteger al pueblo venezolano.Cuando establece que “recuperarán la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera... ” Esto significa que se dejarán de cumplir las cuotas OPEP, lo que implicaría que Venezuela abandonará y fracturará dicha organización, causando una nueva caída de los precios del crudo a niveles similares a los de la era preChávez: 9 dólares el barril. Disminución de ingresos al país, lo que llevará a tomar medidas neoliberales (“reducción” del Estado, eliminación de la inversión social, etc.) Cuando indica que “deberemos restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución” Al parecer, este paso será muy sencillo: sólo habrá que ordenar a los empresarios que “suelten” lo que tienen acaparado y que dejen de “bachaquear” la mercancía a Colombia. No nos extrañe si esto se acompaña de medidas como liberación de precios de productos fundamentales, o anulación de la Ley de Precios Justos. ASPECTOS POLÍTICOS. Llama poderosamente la atención como este "comunicado" que se constituye en el plan de gobierno de la supuesta TRANSICIÓN, guarda estrecha relación con el fallido Decreto de Carmona que disolvió la Constitución y los Poderes Públicos, así como el Plan de gobierno presentado por el cuatro veces candidato perdedor según el cual debía desmontarse la Constitución Nacional para desmontar el modelo de democracia participativa y dar paso a una plutocracia. Al respecto, y prueba de ello, el referido comunicado plantea “rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional venezolano” Nos preguntamos: ¿Cómo designar nuevas autoridades y órganos del Poder Público sin desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto se hará de la misma manera que se hizo el 12 de abril de 2002, cuando se destituyó arbitrariamente a los diputados de la Asamblea Nacional, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General, Defensor del Pueblo, y se nombró nuevos personajes a dedo? Busca por otra parte este llamado al desconocimiento de los momentos y mecanismos constitucionales que regulan el actual régimen democrático establecido entre otros en los artículos 2 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quienes están promoviendo la sustitución de las máximas autoridades del Estado de manera anticipada, no están actuando por ignorancia de lo que al respecto establece la Constitución Nacional. Están haciendo un llamado evidente a desconocer los principios fundamentales que rigen al Estado venezolano y por ende, los valores superiores del ordenamiento jurídico y las instituciones democráticas dentro del régimen democrático participativo en el que vivimos. “Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista” ¿Por qué se refieren a la Fuerza Armada Nacional, y no a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Por qué se suprime la palabra “Bolivariana” de su nombre? ¿Quién medirá la “lealtad” de la FANB a la Constitución? ¿Cómo asegurarán su lealtad? Al señalar que los desvincularán de toda “actividad político-partidista”, ¿significa que les negarán el derecho al voto? Admiten además en este comunicado que la llamada "transición" desatará: "Un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.” Los responsables de este llamado, saben que sus pretensiones sólo pueden lograrse por la vía de la violencia, y así se advierte cuando dicen en el comunicado: “…un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.”; es decir está calculado y forma parte de sus previsiones y consecuencias en daños y vidas humana, su decisión de dar al traste con el Estado Democrático venezolano, previendo de esta manera, la segura respuesta que tendrían del pueblo democrático venezolano, tal como ocurrió durante los sucesos del 11,12 y 13 de abril de 2002, ello implica según la teoría de imputación objetiva que el daño a causar es un previsible, calculable e inminente, lo que resulta en una responsabilidad directa que forma parte de control del hecho que tiene el actor planificador. Es por lo que estos colectivos, integrados por comunicadores populares, periodistas y abogados ACORDAMOS 1.- Organizarnos en sesión permanente en defensa de la Revolución Bolivariana y cerrar filas con el Presidente Nicolás maduro. 2.- Proponemos, desde nuestras áreas de trabajo realizar un plan de contingencia para enfrentar la guerra económica, psicológica, política y terrorista contra la Revolución Bolivariana. 3.- Desplegar todas nuestras redes de comunicación y creación para hacer llegar nuestro mensaje a: Voceros y voceras de los consejos comunales y comunas UBCH, Círculos de Lucha Popular y todas las instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Medios alternativos, comunitarios y digitales Periodistas y medios aliados en la región y en el mundo Asímismo, haremos llegar nuestro mensaje a la cancillería venezolana para que a través de nuestras delegaciones diplomáticas se revele al mundo “La verdad de Venezuela” 4.- Acudir a organismos e instancias internacionales a exigir el respeto a nuestra soberanía y el orden democrático vigente en el país. 5.- Nuestra acción es para la verdad frente a la gran campaña internacional de mentiras y asedio permanente a la Revolución Bolivariana. 6.- Enfrentar la violencia mediática en todas sus manifestaciones, dentro y fuera del país, que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y a la información libre y veraz, contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la carta democrática. 7.- Condenar la injerencia directa, creciente y mal intencionada del gobierno de los Estados Unidos con el propósito de quebrar nuestra Revolución y sumir de nuevo a nuestro pueblo en la miseria y el caos. 8.- Denunciar ante el Ministerio Público el contenido subversivo, ilegal e inconstitucional del comunicado a los efectos de que se juzguen a los firmantes del mismo por los delitos aquí especificados, así como al editor del medio donde éste fue publicado por ser corresponsable en los hechos y actos de fuerza que pretenden derrocar a la forma de gobierno republicana que los y las venezolanas decidimos darnos.
Nosotros y Nosotras, integrantes de las asociaciones comunitarias profesionales y gremiales que se mencionan continuación: Plataforma de Periodistas, Colectivo Radio Petare ( CRP) 91.5 FM Radio Petare, Radio Comunitaria San Bernardino (Rancosaber) 88.5 FM, Radio La Piedrita 95.1 FM, Consejo Nacional de Comunicadores Socialistas, Twiteros Independientes Revolucionarios, Movimiento de Periodismo Necesario, Grupo Combate, Fundación Grupo Madera, Comunicalle, Representantes del Bloque Infantil y Juvenil del Consejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, UBCH República de Bolivia La Pastora, Defensores de la Constitución (Codecon), Colectivo Trenzas Insurgentes, Portal Globoterror, Colectivos de comunicadores Bolivarianos por la Transformación del Estado al Socialismo, Consejo Político Nacional de la Comunicación Popular de Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Brigadas de Agitación Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela/Región Central, procedemos a manifestarnos públicamente a los efectos de contrarrestar y denunciar la violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la paz del pueblo venezolano que se evidencia en el Comunicado suscrito por Antonio Ledezma, Maria Machado y Leopoldo López denominado "Acuerdo Nacional para la Transición" y al respecto declaramos que: El presente documento viola lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los siguientes aspectos: ASPECTOS JURÍDICOS. Cuando el comunicado expresa: “Pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición.” Esta transición, en los actuales momentos políticos y atendiendo a los tiempos constitucionales, no puede realizarse sin una ruptura violenta del orden democrático, tal como ocurrió el 11 de abril del año 2002, cuando bajo argumentos similares a los expuestos en el “comunicado” en comento, se rompió el hilo constitucional para instaurar una dictadura de “transición” que cambió la configuración de todas las ramas del Poder Público y desató, como era de esperarse, la violación de los derechos humanos de la población civil en general. Desde una perspectiva general, el término de transición hace referencia a un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva a la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones asociadas a éste, por otros diferentes. En el caso actual de Venezuela para que se produzca tal transición, debe promoverse indefectiblemente una ruptura del orden Constitucional, ya que nuestra Constitución establece los momentos y los mecanismos con los cuales se pueden realizar los cambios que la propia Carta Magna prevé Cuando el comunicado expresa que “Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes”¿Por qué se realizarán elecciones presidenciales, si ya tenemos un Presidente elegido legítimamente para cumplir sus funciones hasta 2019? ¿Qué ocurrirá con Nicolás Maduro? ¿Será arrestado, obligado a renunciar por coacción, enviado al exilio o asesinado? ¿Es o no es una referencia velada a un golpe de Estado? ¿Qué pasará con los millones que votaron por él y lo apoyan? Cuando el comunicado señala que “Un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos…” “…una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión…” “…redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual…”; A nuestro juicio, en ese comunicado se materializa un concurso de delitos, ya que no sólo se instiga al alzamiento y a la ruptura del hilo constitucional; además se realizan señalamientos graves que ofenden y someten al escarnio público al Presidente de la República; como jefe de Estado y de Gobierno; así como también a la dirigencia en pleno del gobierno e incluso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Afirmaciones éstas sumamente delicadas e infundadas, ya que sólo persiguen desacreditar las instituciones del Estado para incentivar el irrespeto a ellas y generar un clima insurreccional. Por otra parte, al ser señalados, los responsables del “comunicado” como participantes del golpe de Estado frustrado, se podría demostrar su vinculación con un gobierno extranjero hostil que ha buscado conspirar contra la seguridad del territorio y sus instituciones, en un claro acto de traición a la patria. Delitos estos previstos en el artículo 132 del Código Penal venezolano y que debería ser castigado con presidio de 8 a 16 años pues todo aquel venezolano que conspire para destruir la forme republicana que se ha dado la Nación sea dentro o fuera del país es un traidor a la patria.ASPECTO ECONÓMICO El comunicado señala que “Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo” Esto significa contrariar el artículo 299 de la Constitución que establece que "el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta". Significa además el retorno de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, que no sólo hacen préstamos sino que condicionan al país a ejecutar políticas neoliberales, como privatizaciones, despido masivo de empleados públicos y reducción o fin de programas de asistencia al pueblo (pensiones, etc.) con el fin de “garantizar” que los préstamos se cancelen en el plazo prometido. “Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro” Esto equivale a la eliminación de la regulación de precios en productos de la cesta básica, servicios como el transporte público, baremos de las clínicas y similares. Eliminación de controles tales como la Ley de Precios Justos, el control de cambios que permite adquirir alimentos y medicinas fundamentales para venderlas a precios asequibles. Prioridad en atraer inversionistas antes que en proteger al pueblo venezolano.Cuando establece que “recuperarán la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera... ” Esto significa que se dejarán de cumplir las cuotas OPEP, lo que implicaría que Venezuela abandonará y fracturará dicha organización, causando una nueva caída de los precios del crudo a niveles similares a los de la era preChávez: 9 dólares el barril. Disminución de ingresos al país, lo que llevará a tomar medidas neoliberales (“reducción” del Estado, eliminación de la inversión social, etc.) Cuando indica que “deberemos restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución” Al parecer, este paso será muy sencillo: sólo habrá que ordenar a los empresarios que “suelten” lo que tienen acaparado y que dejen de “bachaquear” la mercancía a Colombia. No nos extrañe si esto se acompaña de medidas como liberación de precios de productos fundamentales, o anulación de la Ley de Precios Justos. ASPECTOS POLÍTICOS. Llama poderosamente la atención como este "comunicado" que se constituye en el plan de gobierno de la supuesta TRANSICIÓN, guarda estrecha relación con el fallido Decreto de Carmona que disolvió la Constitución y los Poderes Públicos, así como el Plan de gobierno presentado por el cuatro veces candidato perdedor según el cual debía desmontarse la Constitución Nacional para desmontar el modelo de democracia participativa y dar paso a una plutocracia. Al respecto, y prueba de ello, el referido comunicado plantea “rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional venezolano” Nos preguntamos: ¿Cómo designar nuevas autoridades y órganos del Poder Público sin desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto se hará de la misma manera que se hizo el 12 de abril de 2002, cuando se destituyó arbitrariamente a los diputados de la Asamblea Nacional, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General, Defensor del Pueblo, y se nombró nuevos personajes a dedo? Busca por otra parte este llamado al desconocimiento de los momentos y mecanismos constitucionales que regulan el actual régimen democrático establecido entre otros en los artículos 2 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quienes están promoviendo la sustitución de las máximas autoridades del Estado de manera anticipada, no están actuando por ignorancia de lo que al respecto establece la Constitución Nacional. Están haciendo un llamado evidente a desconocer los principios fundamentales que rigen al Estado venezolano y por ende, los valores superiores del ordenamiento jurídico y las instituciones democráticas dentro del régimen democrático participativo en el que vivimos. “Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista” ¿Por qué se refieren a la Fuerza Armada Nacional, y no a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Por qué se suprime la palabra “Bolivariana” de su nombre? ¿Quién medirá la “lealtad” de la FANB a la Constitución? ¿Cómo asegurarán su lealtad? Al señalar que los desvincularán de toda “actividad político-partidista”, ¿significa que les negarán el derecho al voto? Admiten además en este comunicado que la llamada "transición" desatará: "Un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.” Los responsables de este llamado, saben que sus pretensiones sólo pueden lograrse por la vía de la violencia, y así se advierte cuando dicen en el comunicado: “…un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.”; es decir está calculado y forma parte de sus previsiones y consecuencias en daños y vidas humana, su decisión de dar al traste con el Estado Democrático venezolano, previendo de esta manera, la segura respuesta que tendrían del pueblo democrático venezolano, tal como ocurrió durante los sucesos del 11,12 y 13 de abril de 2002, ello implica según la teoría de imputación objetiva que el daño a causar es un previsible, calculable e inminente, lo que resulta en una responsabilidad directa que forma parte de control del hecho que tiene el actor planificador. Es por lo que estos colectivos, integrados por comunicadores populares, periodistas y abogados ACORDAMOS 1.- Organizarnos en sesión permanente en defensa de la Revolución Bolivariana y cerrar filas con el Presidente Nicolás maduro. 2.- Proponemos, desde nuestras áreas de trabajo realizar un plan de contingencia para enfrentar la guerra económica, psicológica, política y terrorista contra la Revolución Bolivariana. 3.- Desplegar todas nuestras redes de comunicación y creación para hacer llegar nuestro mensaje a: Voceros y voceras de los consejos comunales y comunas UBCH, Círculos de Lucha Popular y todas las instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Medios alternativos, comunitarios y digitales Periodistas y medios aliados en la región y en el mundo Asímismo, haremos llegar nuestro mensaje a la cancillería venezolana para que a través de nuestras delegaciones diplomáticas se revele al mundo “La verdad de Venezuela” 4.- Acudir a organismos e instancias internacionales a exigir el respeto a nuestra soberanía y el orden democrático vigente en el país. 5.- Nuestra acción es para la verdad frente a la gran campaña internacional de mentiras y asedio permanente a la Revolución Bolivariana. 6.- Enfrentar la violencia mediática en todas sus manifestaciones, dentro y fuera del país, que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y a la información libre y veraz, contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la carta democrática. 7.- Condenar la injerencia directa, creciente y mal intencionada del gobierno de los Estados Unidos con el propósito de quebrar nuestra Revolución y sumir de nuevo a nuestro pueblo en la miseria y el caos. 8.- Denunciar ante el Ministerio Público el contenido subversivo, ilegal e inconstitucional del comunicado a los efectos de que se juzguen a los firmantes del mismo por los delitos aquí especificados, así como al editor del medio donde éste fue publicado por ser corresponsable en los hechos y actos de fuerza que pretenden derrocar a la forma de gobierno republicana que los y las venezolanas decidimos darnos.
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