Colombia y su chinazo ante la Corte Penal
Internacional
Con total descaro e impudicia
el gobierno de Colombia ha declarado que ante la “crítica”
situación en la frontera (se acaban de enterar de las
consecuencias de su desgobierno), denunciarán a Venezuela ante
la Corte Penal Internacional. En efecto, el presidente de
Colombia declaró que la Fiscalía está “considerando
seriamente” denunciar ante la Corte Penal Internacional
a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos “crímenes
de lesa humanidad”, todo a raíz del intento de Venezuela de
reinstaurar el orden y el control en la zona fronteriza.
Debemos recordar que la Corte
Penal Internacional, es un organismo independiente creado en
1998, con sede en La Haya. Se rige bajo el Estatuto de Roma,
ratificado y refrendado por 122 países del orbe. Cabe recordar
que Estados Unidos, aliado incondicional de Colombia, es un
feroz enemigo de la Corte Penal Internacional, ya que en su
soberbia imperial, niega, prohíbe e impide cualquier mecanismo
o posibilidad de que militares o políticos norteamericanos
sean sometidos y juzgados ante tribunales internacionales.
Nada de justicia por sus crímenes, bombardeos, asesinatos e
invasiones alrededor del mundo. Inmunidad imperial, lo
llamarían algunos.
La Corte Penal Internacional “Es
un Tribunal estable y permanente. Constituye la primera
jurisdicción internacional con vocación y aspiración de
universalidad, competente para enjuiciar a personas físicas,
y, en su caso, depurar la responsabilidad penal
internacional del individuo por los crímenes más graves, de
trascendencia para la comunidad internacional”. Entre
sus competencias está conocer sobre “crímenes de guerra,
genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de
agresión”. En el caso de los crímenes de lesa
humanidad, están perfecta y claramente definidas como “conductas
tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o
desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución
forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y
encarcelación o persecución por motivos políticos,
religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación
sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada,
secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves
sufrimientos o atente contra la salud mental o física de
quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Este no es precisamente el
caso de Venezuela, que ha recibido e integrado en su seno a más de
5 millones de colombianos. Este rosario de atroces términos
(crímenes de lesa humanidad) es el exacto prontuario de las
barbaridades cometidas por los gobiernos de extrema derecha
colombianos. Este país está proyectando sobre Venezuela sus
problemas y miserias, siendo incapaz de solucionar y poner fin
a tantos años de crímenes y terror.
Así que a taparse la nariz,
porque es la misma Corte Penal Internacional la que ha
sistematizado e investigado los crímenes cometidos durante
décadas por los gobiernos colombianos. Solo basta pasearse por
la página oficial de la propia Corte, para acceder al informe
oficial denominado: Situación en Colombia, Reporte
Intermedio, Noviembre 2012, donde resume sus
conclusiones sobre su “competencia y la admisibilidad” en
cinco áreas donde se presentan graves violaciones a los Derechos
Humanos, a saber: “(i) el seguimiento sobre el Marco
Legal para la Paz y otros desarrollos legislativos
pertinentes, así como aspectos jurisdiccionales relacionados
con la aparición de “nuevos grupos armados ilegales”;
(ii) los procedimientos relativos a la promoción y
expansión de los grupos paramilitares; (iii) los
procedimientos relativos al desplazamiento forzado;
(iv) los procedimientos relativos a los delitos sexuales;
y, (v) los casos de falsos positivos”.
Cuando los agentes del
Gobierno Colombiano se presenten ante la Corte Penal
Internacional, que tengan cuidado, no vaya a ser que los dejen
presos por tener la manos manchadas de sangre con tantos
crímenes y tanta impunidad.
Estamos más que seguros de que
una supuesta denuncia contra Venezuela por parte de Colombia,
ante la Corte Penal Internacional, terminará revirtiéndose
contra este gobierno. Le saldrá el tiro por la culata y el
chinazo le saldrá caro, ya que Venezuela puede demostrar
fehacientemente, con elementos más que públicos y notorios,
que en el espacio territorial fronterizo correspondiente al
Norte de Santander, se observan claramente características y
elementos que permiten suponer la presencia de un Estado
Fallido. Es decir, la ausencia total de autoridad
gubernamental, pérdida del control territorial, dominio de
grupos paramilitares (control político y militar), corrupción,
ineficacia en la prestación de los servicios más elementales y
la distorsión de las estructuras económicas y comerciales.
Veamos algunos elementos y
temas con los cuales Venezuela puede demostrar la permanente y
premeditada “inacción” gubernamental del otro lado de la
frontera:
· Contrabando de Gasolina: A plena luz del día y sin ningún tipo de
normas de seguridad, permisos de importación o pago de
impuestos o aranceles, más de “6.000 pimpineros” venden
libremente el combustible venezolano por todas las calles y
avenidas de la zona fronteriza. No existe ningún tipo de
control. Es una operación dirigida por mafias organizadas,
alimentados por más de 40.000 vehículos que cruzan diariamente
al lado venezolano con la única finalidad de comprar la
gasolina subsidiada por el Gobierno Bolivariano. El gobierno
colombiano no solamente es complaciente con el contrabando,
también se beneficia, ya que por cada pimpina sustraída de
Venezuela, Ecopetrol se ahorra el subsidio a la gasolina que
distribuye en la frontera. Así, del consumo mensual estimado
en “14 millones de galones”, Ecopetrol solo pone “3.5
millones de galones”, siendo la diferencia
contrabandeada desde Venezuela. Otro tema que se ha revelado
es que del lado colombiano habría apenas unas 20 bombas
legales de combustible, número insuficiente para satisfacer la
demanda de su parque automotor. Con el cierre del paso de
vehículos, ahora las largas colas para llenar el tanque de
gasolina, se pasaron del lado venezolano para el colombiano.
Justicia, dirían algunos. Estos son efectos inmediatos y más
que esclarecedores de lo acertado de la medida de cierre
temporal del paso limítrofe, combatiendo así las distorsiones
e irregularidades de la frontera.
· Alimentos, medicamentos, artículos de
higiene personal y limpieza: Sin detenerse en reiterar el astronómico
diferencial de precios de todos estos productos (capitalismo
salvaje Vs. socialismo con inclusión y justicia social),
resalta que su ilegal traslado, acopio, distribución y venta,
se efectúa en grandes cantidades a plena luz del día, en
locales tanto formales como informales, violentando una larga
lista de normas y leyes nacionales e internacionales. Podemos
resaltar el incumplimiento de normas sanitarias (con elevados
riesgos a la salud del consumidor), evasiones en el pago de
impuestos y aranceles, sin licencias de importación y sin
registros de marca o respeto a los derechos de autor. A la
clara vista de los impasibles funcionarios aduanales,
policiales, de Salud, de la DIAN, de todo el gobierno
colombiano en pleno. Este es un caso de defraudación masiva
contra el pueblo y el gobierno venezolano que adquiere y
subsidia, en beneficio de su pueblo, productos esenciales como
leche en polvo, arroz o trigo, que luego son contrabandeados y
bachaqueados burdamente hacia Colombia, sin ningún tipo de
control o reparo por parte de sus autoridades.
· Divisas
y Casas de Cambio: En este tema estamos ante la
evidente presencia de mafias organizadas que violan y
transgreden las normas internacionales sobre legitimación de
capitales. El Gobierno Colombiano ha sido indolente y
tolerante, debido a su escaso control sobre los flujos
financieros (transacciones), lo que posibilita los ilegales
procesos de conversión y compra-venta de las divisas. Además
persiste el menoscabo en las competencias del Banco de la
República de Colombia, al permitir que “las tasas de cambio
de compra y venta de divisas serán aquellas que libremente
acuerden las partes intervinientes” (artículo 70 de la
Resolución Externa No. 8, 5 de mayo del año 2.000), incentivando
todo un entramado de Casas de Cambio, muchas de ellas montadas
en tarantines en las vías públicas, las cuales fijan
especulativamente el valor de las monedas nacionales. Este
intercambio ilegal de divisas sustenta el “maravilloso”
negocio de adquirir bolívares para luego comprar masivamente
productos y servicios subsidiados por el gobierno venezolano.
· Paramilitares y Narcotráfico: Libres y campantes. Así andan los grupos
paramilitares, elementos facilitadores del crimen organizado,
los cuales circulan libremente por todo el territorio,
ejerciendo la autoridad política y militar. Financian su
estructura delincuencial del contrabando de gasolina y
alimentos, del cobro de vacunas y de la distribución de
drogas.
Si nos toca la defensa de la
patria ante cualquier instancia internacional, podemos
incorporar otros casos emblemáticos, con altos componentes de
defraudación y sofisticación criminal, los cuales merecen ser
investigados con mayor precisión:
· En
primer lugar el llamado Carrusel, nombre dado al fraude
ideado por las mafias organizadas colombianas para lucrarse
con la comercialización de ganado en pie, que circula sin
ningún tipo de control por ambos lados de la frontera. Estas
importaciones han permitido a los grupos criminales acceder a
dólares preferenciales para soportar la compra de ganado, que
una vez ingresado a territorio nacional es “devuelto” por los
caminos verdes, donde es despostado y la carne en canal,
nuevamente es comercializada en Venezuela como una nueva
operación de importación. El ganado en pie y la carne en canal
que circula libremente por la frontera no tiene ningún tipo de
control aduanero o sanitario y pone en duda o riesgo la
certificación que la Organización Mundial de Sanidad Animal
otorgó a Colombia como país libre de fiebre aftosa con
vacunación.
· También
nos afecta sobremanera el contrabando de Café hacia
Colombia. Las mafias criminales se aprovechan del diferencial
cambiario para comprar y contrabandear miles de quintales de
café salen hacia Colombia. Habría que solicitar a las
autoridades internacionales (la Organización Internacional del
Café), la realización de exámenes de certificación de origen,
genéticos y de ADN, para que los países del mundo no sean
estafados con la venta de café venezolano presentado en
empaques bajo la marca Café de Colombia. Lo mismo está
sucediendo con nuestro cacao (de la mejor calidad del mundo),
el cual está siendo contrabandeado inescrupulosamente en
grandes cantidades al vecino país.
No entendemos que tanto
protesta el gobierno colombiano, si es evidente que es
cómplice necesario y facilitador de la sistemática depredación
y saqueo de nuestros productos de la cesta básica. Se
aprovechan de los programas y misiones que el Gobierno
Bolivariano ha creado para mejorar la calidad de vida de
nuestro pueblo, elevar sus niveles nutricionales, su salud y
su educación.
Es bien difícil encontrar un
punto de equilibrio, pues del otro lado de la frontera campea
libremente el neoliberalismo, con su lógica de explotación y
liberalización de precios que solo consigue generar
desigualdades y exclusión. Por eso la voracidad y rapiña sobre
los productos y servicios venezolanos no tiene fin. Desde un
kilo de arroz hasta el pase por la peluquería, todo se negocia
en base a un mercado ilegal que perjudica a Venezuela.
En definitiva, es el gobierno
colombiano el que debe empezar a ejercer gobierno en la
frontera. Ejercer su autoridad ante tanta impunidad y tanto
dominio por parte de las mafias organizadas.
Reiteramos que el pueblo
honesto y trabajador colombiano, está perfectamente integrado
en nuestra sociedad y siempre ha sido bien recibido en nuestra
tierra. Nadie va a obligarnos a pelear entre hermanos. Nuestra
lucha es contra las mafias delincuenciales de paramilitares y
bachaqueros que agreden, atacan y desangran a nuestro país.
Richard
Canan
Sociólogo
@richardcanan
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